Domingo 22 de julio del 2012País
Homenaje a religiosos
se volvió una denuncia contra Yasuní-ITT
José Olmos | COCA
AUCA SUR, Orellana. Una de las marchas en homenaje a los religiosos fallecidos hace 25 años cruzó junto a pozos e instalaciones petroleros, algo que ellos rechazan.
22 JUL 2012
Sacerdote y monja son un ejemplo en Orellana
Un grupo de caminantes, en su mayoría menores de 20 años, avanza por el km 46 de la vía Auca-Coca. Es la mañana brumosa del jueves 19 de julio. El coro de los participantes retumba en la selva de Orellana: “¿Adónde van, caminantes? –¡A Coca!/ ¿A qué van? –¡A defender la vida!/ ¿Con quién van? –¡Con Alejandro e Inés!”.
Llevan cartelones que destacan la memoria de Alejandro Labaca e Inés Arango, religiosos que murieron lanceados por los tagaeris hace 25 años.
Pero son mayoría aquellos que rechazan la actividad petrolera. Uno de estos cita: “El petróleo genera economía para pocos y pobreza para muchos”. Y el cortejo cruza a las 08:40 por un trecho donde al costado izquierdo se extiende un tallarín de tubos que llevan petróleo de los pozos a la estación Auca. A la derecha hay más tubos y un pozo de donde salen llamas de la quema de gases.
Los gritos del más de un centenar de personas, entre religiosos, indígenas kichwas y huaoranis y colonos del sur de Orellana, se escuchan con más fuerza: “La selva no se vende, se ama y se defiende”, “No queremos inversión si es para la destrucción”, “El Yasuní no se vende, el Yasuní se defiende”.
Esta caminata es la principal actividad en homenaje a Labaca y Arango, lanceados al intentar acercarse a los tagaeris, etnia hasta ahora no contactada y que con los taromenanes subsisten en un área declarada intangible (intocable) de la Amazonía ecuatoriana.
Este grupo de caminantes salió desde la comunidad Tiputini, en el km 50 de la Coca-Auca, donde hay un viejo helipuerto hoy casi olvidado. Desde allí el helicóptero de la petrolera CGC había decolado a las 13:00 del 21 de julio de 1987 con Alejandro e Inés rumbo a la ribera del río Tigüino, en la selva de Pastaza. Ellos se quedaron allá y fueron localizados al siguiente día, atravesados por lanzas.
El grupo caminante de Auca es uno de los tres que salieron. El principal partió de Quito el 9 de julio y recorrió unos 380 km hasta Coca. Otro lo hizo el día 19 desde Loreto, a 45 km de Coca. Y todos confluyeron el viernes en la capital de Orellana, sede de los misioneros capuchinos promotores del homenaje. Allí se dieron ayer los actos centrales de recordación de lo que los religiosos llaman el martirio de Alejandro e Inés por quienes no tienen voz.
Pero esta celebración, además de resaltar el sentido ejemplar de los misioneros y de su significado religioso, se constituyó en un grito de defensa de los pueblos no contactados; fue un reclamo al Estado por “no cumplir con la Constitución en cuanto al respeto de las áreas protegidas”, de un rechazo al avance de las petroleras en la zona de reserva.
Fue, sobre todo, una denuncia de que es una mentira la campaña Yasuní-ITT que el Gobierno desarrolla en el mundo para recolectar al menos $ 3.500 millones y así no explotar los entre 900 y 1.530 millones de barriles de petróleo del campo Ishpingo-Tiputini-Tambococha, en una parte del Yasuní, considerada la reserva de biodiversidad más grande del mundo y donde, además de tribus kichwas y huaoranis, viven los tagaeris y taromenanes, no contactados.
En el grupo que entre el 9 y 20 de julio caminó de Quito a Coca estuvo Txarli Azcona, misionero capuchino vasco del Vicariato de Aguarico, con sede en Coca. Él cita que la jornada tuvo tres objetivos: el cambio de vida personal, que no sea consumista y no explote la naturaleza; la renovación del espíritu misionero de Alejandro Labaca e Inés Arango.
Y el más importante, asegura: denunciar que los pueblos no contactados están en peligro de genocidio y que el Parque Nacional Yasuní también está en peligro. “La Constitución prohíbe que en las reservas como el Yasuní haya explotación petrolera, maderera o minera a perpetuidad. Entonces, lo que pedimos es que se saque a las compañías petroleras del Parque. Nos acusan de que estamos contra las petroleras y no es así, lo que pedimos es que se respete la Constitución”.
También reclama porque se cumpla el Plan de Medidas Cautelares en favor de los pueblos no contactados del Yasuní. Azcona cita como gran mentira la campaña gobiernista del Yasuní ITT. “Cuando en los foros nacionales se estaba llevando (el mensaje) de que no se iba a explotar ya estaba el plan B de toda la negociación y ya está lista la explotación”, señala.
El Plan de Medidas Cautelares es un organismo creado por el Estado para proteger el territorio de los taromenanes y tagaeris, en respuesta a una disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, por pedido de ambientalistas en el 2006, otorgó medidas cautelares para su protección.
El Ministerio de Justicia, por medio de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos, está a cargo del Plan y tiene un campamento en un sector cercano a Tigüino, en uno de los límites del Yasuní. El organismo ha frenado en algo la extracción de madera, pero indígenas y colonos exigen que se cumpla con otras acciones como proteger la zona de amortiguamiento o el borde del Parque.
El padre Vicente Quisirumbay, ministro viceprovincial capuchino en el Ecuador, también caminó los 380 km y destaca la tarea de protección que monseñor Labaca hizo en favor de los pueblos no contactados tagaeris y taromenanes.
“Queremos que esta gente viva en paz, en libertad, en armonía con la naturaleza, y creo que la Iglesia y la sociedad ecuatoriana tenemos que gritar por ellos. No queremos ir en contra de las políticas del Gobierno en plan de apoyar el desarrollo”, señala, pero recalca que ojalá no se explote el Yasuní.
Martha Mendoza, misionera capuchina, es mucho más contundente. “Siento que prevalece mucho más el sentido del dinero, del petróleo, de lo que nos va supuestamente a hacer un bien al desarrollo del país, pero que se olvida la vida de los pueblos que viven ahí”, afirma.
Liduvina y Franklin Sharup, de la comuna kichwa Valle Hermoso (Orellana); Javier Aguinda, de Rumipamba, y otros jóvenes participantes en la caminata también exigen que se limite la labor petrolera.